El director de la cárcel de Villavicencio habló ante los diputados.
El director de la cárcel de Villavicencio, capitán de la Policía Miguel Ángel Rodríguez, confirmó que en cumplimiento de una acción de tutela serán trasladados al Centro del Menor Infractor “El Yarí”, ubicado en la vía Villavicencio-Acacías, varios adultos mayores que están privados de la libertad.
Advirtió que eso no será en 48 horas, como lo ordenó el juez, porque se debe asignar un personal de guardia para El Yarí, antes de hacer el traslado.
Según Rodríguez, quien habló en la sesión virtual de la Asamblea del Meta el viernes 8 de mayo, en El Yarí hay cupo para 84 personas, pero llevarán 134 internos para ayudar a descongestionar las viejas instalaciones del barrio 20 de Julio. Agregó que otros 62 recuperaron su libertad o han sido beneficiados con detención domiciliaria.
La cárcel de Villavicencio fue construida para 900 presos, pero tiene 1.750 distribuidos en dos pabellones: el Colombia (1.250) y el Santander (500).
Por ley, las cárceles del Inpec son solo para personas condenadas por un juez. Los sindicados son responsabilidad de las gobernaciones y alcaldías que tienen la opción de construir sus propias cárceles o hacer convenios con el Inpec para que les reciban “sus presos”.
Sin embargo, en el Meta eso no se cumple. El anterior alcalde de Villavicencio había prometido ante el presidente de la República la entrega de un lote para construir una nueva cárcel, pero el capitán Rodríguez dice que sigue esperando que le entreguen una carta de intención de esa donación para que la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) pueda tomar decisiones sobre un hecho real, ya que no lo puede hacer sobre un mero anuncio.
En la cárcel de Villavicencio hay 630 presos condenados, así que son más de mil los sindicados que le cuestan al Inpec 19 mil millones de pesos al año. Alcaldía y Gobernación hacen aportes bastante inferiores a esa cifra.
Sobre la controvertida carpa medicalizada al interior de esa prisión, Rodríguez aclaró que la carpa tiene 20 camillas (camarotes), sin dotación, es decir, no sirve para aislamiento sino para chequeo médico.
A 8 de mayo, el reporte de la Gobernación del Meta daba cuenta de 772 casos positivos de covid-19 en la cárcel de Villavicencio. El dragoneante Johan Steven Alarcón les dijo a los diputados que el sars-2 no ha tenido efectos devastadores entre los presos contagiados porque allí les dan aguadepanela caliente con limón, moringa y otras hierbas.
El problema de fondo no es la carpa: es el sistema. La Uspec contrata con la Fiduprevisora y esta con la ESE municipal y esa cadena hace que con frecuencia los requerimientos demoren demasiado.
No es la primera vez que la cárcel de Villavicencio enfrenta problemas sanitarios: también ha tenido epidemias de varicela y tuberculosis que obligaron al cierre del establecimiento.
Y, por supuesto, la salud no es el único problema al interior de la cárcel: el 22 de marzo hubo motín en el que un grupo de internos tumbaron rejas y puertas. Algunos líderes de la protesta fueron trasladados a Picaleña (Tolima). “El 30 de marzo nos volvieron a tumbar las rejas con pesas de hacer ejercicio y hubo más traslados”, dijo Rodríguez.
Fuente: Ondas del Meta.
